Ricardo Zambrano Arteaga, elegido asambleísta del Ecuador por los simpatizantes de Alianza País en el distrito electoral norte de la provincia de Manabí, organizó una audiencia pública de “rendición de cuentas” en el auditórium de la extensión de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí (Uleam) en Chone.
Ocurrió el viernes 23 de enero y resumió su gestión en tres ámbitos: legislación, fiscalización y participación social.
Esta información nos llegó en un boletín informativo suscrito por el asambleísta, en el que no se revela la estratificación social de la audiencia ni su cantidad.
De acuerdo al resumen de sus “cuentas”, Zambrano participó en la mayoría de las sesiones plenarias de la Asamblea Nacional y en la mayoría de las reuniones de las comisiones especializadas que conforma en el seno de esa función del Estado. Dice que hizo planteamientos y observaciones en cada caso, procurando que las leyes expedidas favorezcan principalmente a los sectores de población más vulnerables.
En el ámbito de la fiscalización, parece que se limitó a cruzar oficios a los responsables de diversas instituciones estatales y a gestionar o tramitar ante ellos. En unos casos solicitando atención para ciertos grupos sociales que le pidieron hacerlo; y, en otros, sugiriendo rectificaciones o iniciativas para mejorar la prestación de los servicios públicos.
No hay un solo caso que haya merecido una investigación exhausta y el consiguiente tratamiento fiscalizador en la Asamblea.
(El Diccionario de la Real Academia Española {DRAE} define así la palabra fiscalizar: 1) Hacer el oficio de fiscal; y, 2) Criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien.)
En la participación social sobresale su iniciativa para que la Asamblea publique un órgano difusor impreso, “Tribuno del Pueblo”, del que sin embargo no da cuenta en dónde circula ni cuál es su tirada (cantidad).
En resumen del resumen, una gestión legislativa elemental y por eso mismo poco trascendente.
MANTA, 30 de enero de 2015.
